Los candidatos a la presidencia de México ante el desafío de la violencia
Enero y febrero de 2018 han sido los meses más violentos que ha vivido México en más de 20 años, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad de Pública (SNSP), tras dos sexenios en los que los homicidios no han parado de crecer, bajo los mandatos de un líder del PAN y otro del PRI (los únicos dos partidos que alguna vez han gobernado el país). Las candidaturas para las elecciones del 1 de julio se enfrentan a un gran reto para conseguir la seguridad en México.
Protesta de universitarios mexicanos contra la violencia en el país, abril 2018. Pedro Pardo/AFP/Getty Images
El narcotráfico, la gran desigualdad social –que deja a millones de personas con muy poco acceso a oportunidades– o la corrupción en las instituciones públicas y cuerpos de seguridad son tres de los aspectos que hacen que la violencia en México sea un tema de máxima importancia en el país. Y más ahora, teniendo en cuenta que al cierre del pasado 2017, México sumó 29.168 homicidios intencionales, lo que supone la cifra anual más alta desde que se informa oficialmente de este asunto, algo que pasa hace 20 años. Los asesinatos en 2017 representan un incremento del 27% frente a los datos de 2016, según las cifras que publicó el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El país vivirá elecciones el próximo 1 de julio y los principales candidatos a la presidencia del país –según las predicciones de los sondeos– tienen, por tanto, que tomar medidas que puedan garantizar una mejora en la seguridad ciudadana. Los expertos en políticas públicas han afirmado en diversas ocasiones que la estrategia que se tome influirá enormemente en la seguridad y, de hecho, en el pasado mes de mayo, el informe “Una estrategia pública para proteger a la ciudadanía”, realizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) concluyó que las estrategias de seguridad de las tres últimas administraciones están muy por debajo de las necesidades que tiene la ciudadanía: “la ausencia de claridad en el papel que deben llevar las Fuerzas Armadas y la deficiencia en estrategias inteligentes han ayudado a incrementar la violencia en el país”, ha sido una de las más llamativas afirmaciones del documento.
Regeneración de los cuerpos de seguridad
David Ramírez, coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa, recuerda que para abordar este asunto hay cuatro pilares de máxima importancia: la policía, el sistema de justicia, los métodos de prevención del delito y el funcionamiento del sistema carcelario. Y con lo que todos los candidatos están de acuerdo es con la necesidad de continuar con la reforma de los cuerpos de policía del país, que ya comenzó en los 90, pero sin llegar a concluirse de forma eficiente en ninguno de los mandatos de este siglo. Todos los candidatos ven necesario que se llegue a una mayor unión entre los gobernantes de los diversos estados del país y los líderes en la administración central para que tomen medidas conjuntas. Uno de los principales obstáculos que encuentra esta reforma, además de los altos niveles de corrupción, es la descoordinación entre los estados mexicanos, compuesto por 120 millones de personas, y el hecho de que se deleguen a los cuerpos nacionales algunas labores que deberían abordar los policías estatales.
En este asunto no hay grandes diferencias en las propuestas. Todos los candidatos han prometido seguir con una reforma que lleva alargándose en el tiempo durante dos décadas.
¿Contención previa o castigo posterior?
Los métodos de prevención del delito se presentan como una de las bases para conseguir mejorar la seguridad. La propuesta más innovadora, no aplicada hasta el momento en los anteriores sexenios, la encontramos en el candidato Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) que, durante el primer debate electoral –un gran escaparate para las propuestas– hizo hincapié en su idea de crear un grupo de expertos internacionales que puedan trabajar conjuntamente en una estrategia que lleve a cabo una amnistía, es decir, un pacto a modo de proceso de paz y de reconciliación nacional. Esta amnistía apostaría por políticas de desarrollo que se vuelquen, por ejemplo, en ofrecer oportunidades de futuro a los más jóvenes implicados en el crimen organizado (como pueden ser los bautizados como “halcones”, menores de edad que son usados para labores de vigilancia por las bandas de narcotráfico) en vez de encerrarlos en centros de detención. Según la idea que sostiene López Obrador, “no se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que afrontarlo con el bien”.
Esta idea de crear una amnistía ha servido a sus contrincantes para atacar a López Obrador afirmando que esa medida daría mucho poder a los narcos. Algo que el Partido de Morena ha negado, aunque no se han dado grandes especificaciones. Y es que, la amnistía, han repetido en diversas ocasiones, sería estudiada por expertos mexicanos e internacionales y debería ser aprobada en el Congreso de la República.
Por el otro lado, el centroderechista Ricardo Anaya, candidato de la coalición de centroderecha PAN-PRD-MC, apuesta por reforzar los controles policiales, “duplicando el número de policías del país y fortaleciendo los controles de los aparatos coercitivos”, según las palabras de Anaya en los debates celebrados. Esta coalición de derechas engloba al PAN, partido que el ex presidente Felipe Calderón lideraba cuando dirigió la llamada “Guerra contra el narco” –que en vez de conseguir que las Fuerzas Armadas acabaran con los cárteles, como era el propósito, incrementó la violencia– se ha mostrado ahora contraria a continuar con aquella idea que tuvo sus años más fuertes entre 2006 y 2012.
Por su parte, José Antonio Meade, de la alianza Todos por México, una coalición política mexicana conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habla más de castigos que de contención: considera, como promete en su programa, que el método para incrementar la seguridad pasa por imponer mayores castigos a los miembros del crimen organizado, más allá de los carcelarios, y dice que aquellos que sean condenados se les incautará el dinero, sus bienes y su armamento, actualizando la llamada Ley de Extinción de Dominio. Cabe recordar que el PRI es el partido de Enrique Peña Nieto, quien ha sido el Presidente del país en el último sexenio y es también el partido que ha pasado 89 años en el poder mexicano, es decir, durante casi toda la historia democrática del país.
Sistema de justicia y sistema carcelario
Prisión en Acapulco, estado de Guerrero, México. Francisco Robles/AFP/Getty Images
Los juicios y el sistema penitenciario son los otros dos pilares a abordar para mejorar la seguridad en México, de acuerdo con los especialistas en políticas públicas. Uno de los grandes avances en el sistema de justicia fue la reforma penal de 2008, que incorporó juicios orales, con el objetivo de agilizar los procesos y descongestionar así tanto el sistema como las cárceles, además de hacer los juicios públicos y, por tanto, más transparentes. El problema es que, aunque se dio un plazo de 10 años para la implementación, esto aún no ha sucedido y el proceso sigue, volviendo a encontrar los problemas ya mencionados: falta infraestructura e incentivos a los gobernadores para que trabajen en ello y, además, se necesita un mayor apoyo policial a los ministerios para las labores de investigación.
Ambos asuntos están también muy vinculados a los ya mencionados. La prevención podría reducir la delincuencia. Un descenso de ésta también lleva a un descongestionamiento de los sistemas carcelario y judicial. No podemos hablar de una estrategia separada sino conjunta, según insisten los expertos. Meade ha dicho que es necesario que los gobernadores de todos los estados trabajen unidos para que los delincuentes no tengan lugares del país donde esconderse (hablando así de los territorios con mayores niveles de delincuencia donde reina la impunidad), pero no ha explicado cómo hacerlo. Los grandes partidos del país, en este caso el PRI, se han encontrado en muchas ocasiones al enemigo en las propias filas: como uno de mayores escándalos en los últimos años tenemos el caso del gobernador Javier Duarte que hizo del estado de Veracruz un lugar muy inseguro, avalado por sus malas prácticas de corrupción y de presuntos crímenes.
La aceptación por parte de los candidatos de que la estrategia punitiva –llevada a cabo en los últimos dos sexenios– y la militarización de la seguridad pública de los últimos tres sexenios tienen que cambiar ya es un avance positivo, según los expertos en políticas públicas.
La violencia arraigada en la sociedad
Protesta contra el secuestro y asesinato de tres estudiantes en el estado de Jalisco, abril del 2018. Ulises Ruiz/AFP/Getty Images
Las altas cifras de violencia en México son parte de una crisis de seguridad que comenzó hace 20 años, a causa de un cambio en la democracia del país y de un desmantelamiento importante que se llevó a cabo en los cárteles colombianos, sumado todo esto al desastre económico de los 90 que tuvo mucho impacto en el país. Lejos de atajarse, esta violencia se ha ido incrementado hasta el punto que los primeros meses de 2018 han sido los más violentos en estas últimas dos décadas.
Los expertos en políticas públicas consideran que las candidaturas no presentan ideas firmes y con una estrategia integral que contemple y englobe todos los ejes que derivan en estas altas tasas de violencia. Lo que sí han hecho los candidatos de los partidos que ya han gobernado con anterioridad, estos son Meade y Anaya, ha sido desvincularse de las estrategias previas tomadas en anteriores presidencias y afirmar que sus predecesores no supieron cómo afrontar el problema de la violencia. Son conscientes de que la seguridad es un punto flaco que puede perjudicar la confianza del electorado.
David Ramírez, experto de México Evalúa, considera que en estos años, a pesar de las caóticas cifras de homicidios y desapariciones, “ha habido avances en la profesionalidad de los cuerpos de seguridad del Estado, que han mejorado la profesionalización, los sistemas de control, su capacidad de investigación”, pero reconoce que no en todos los casos. Como receta, “podríamos mejorar más con mayores incentivos e instituciones para que “independientemente de la voluntad de un político o gobernador, estén obligados a atender sus problemas”. Y es que, otro desafío del país son las altas tasas de corrupción a nivel estatal. “También debería haber organizaciones de la sociedad civil u organismos autónomos para vigilar las tareas de los cuerpos de seguridad”, apunta el especialista.
Hay que tener en cuenta algunos de los aspectos que hacen de México un caldo de cultivo para las altas tasas de delincuencia, además de la corrupción política y de las fuerzas de seguridad, como es por ejemplo la desigualdad. La organización internacional Oxfam ha advertido de que México forma parte del 25% de los países más desiguales del mundo.
A raíz de esto, explica Ramírez que una idea muy nueva que está tomándose en México es la de “prevención del delito”, basándose en el desarrollo de acciones de política pública para ayudar a que un crimen o violencia no suceda. En México hace falta una estrategia centrada en las causas sociales que producen la inseguridad. Se necesita una estrategia más integral y que comprenda muchos actores diversos de la sociedad, algo que parece que ningún candidato ha querido ver hasta ahora.
¿Y cómo se reducen los feminicidios?
Los zapatos de tacón de una víctima de feminicidio junto a cruces que conmemoran a los mujeres mexicanas asesinadas. Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images
La violencia contra las mujeres en el ámbito privado, la desaparición constante de miles de ellas al año y los asesinatos son otro punto a parte. Sin embargo, no parece prioritario para los candidatos. Aunque todos han mencionado en sus propuestas la necesidad de hacer frente a este tipo de violencia (el 66,1% de las mujeres han sufrido alguna vez en su vida agresiones de tipo sexual, física, laboral y emocional, informó elInstituto Nacional de Estadística y Geografía hace unos meses), ninguno ha presentado un plan claro y extenso que pueda hacer frente a este problema.
Así, por ejemplo, encontramos que el programa Meade, que hace unos días prefirió felicitar a los jugadores de la Selección Mexicana de Fútbol en una entrevista, en lugar de responder a cómo reducir la brecha salarial de género, habla de feminicidios en el mismo punto que homicidios y del uso de la misma estrategia en el Código Penal, sin tener una estrategia específica para un problema que afecta gravemente a las mexicanas.
Andrés Manuel López Obrador ha delegado esta tarea a las mujeres que militan en el partido, que presentaron un documento llamado “Femsplaining” en la primera semana de junio, donde las propuestas se centran en la lucha contra la desigualdad en la educación, en el ámbito laboral, en la salud y en la política. El informe parte de la base de que combatiendo la pobreza y la violencia en México se mejorará también la situación que afrontan las mujeres a causa del machismo. “La violencia doméstica no solo causa estragos emocionales, sino económicos, sociales y políticos”, dicen las autoras del documento que recuerdan que “la cultura de violencia contra las mujeres está en todas partes y cualquier manifestación de ella debe ser combatida sin excusas”. La máxima es abogar por la educación, con ciertos planes concretos ya mencionados.
Anaya ha sido desde el principio quien más ha abordado este asunto de entre estos tres candidatos, aunque igualmente, de un modo muy general. Una de las ideas más interesantes es la de capacitar a las autoridades a la hora de atender a las víctimas de feminicidio, con programas de sensibilización que desmonten las típicas acusaciones que acaban culpando a la víctima de lo sucedido y no al contrario.
