El
Juzgado Penal Colegiado de Puno sentenció a seis años de prisión
efectiva a Walter Aduviri, gobernador de esa región, como coautor del
presunto delito de disturbios en agravio del Estado, por el denominado
caso “Aymarazo”.
El
colegiado que preside la magistrada Jackeline Luza Cáceres, dispuso
además el pago de S/2 millones de reparación civil en favor del Estado.
Además solicitó su inmediata captura y reclusión en un penal del
Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).
Cabe
recordar que Aduviri Calisaya ya había sido sentenciado en dos
instancias a siete años de cárcel por liderar la protesta del 26 de mayo
del 2011. Sin embargo la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio tras
declarar fundado un recurso de casación
Walter Aduviri es sentenciado a prisión por el 'aimarazo'
Juzgado de Puno condenó al gobernador regional de Puno a seis años de cárcel y pidió su detención. Días atrás solicitó licencia al cargo y actualmente está prófugo
En
el 2011, el año de las protestas del denominado 'aimarazo', Walter
Aduviri era presidente del frente de Defensa de los Recursos Naturales
de la Zona Sur de Puno (Foto: archivo)
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8 de agosto, el mismo día en que cumplió 39 años, el Poder Judicial
dictó 15 días de prisión preventiva en su contra por reglas de conducta
establecidas en el proceso que afronta por el caso ‘aimarazo’. Aquel mismo día, Aduviri pidió licencia por 15 días ante el Consejo Regional de Puno.
Él estaba en Lima, donde había tenido una reunión con funcionarios del
Ministerio del Ambiente. Desde entonces, no se lo vio más.
Finalmente, la mañana de ayer, el Juzgado Penal Colegiado de Puno lo
condenó a seis años de prisión por ser coautor no ejecutivo del delito
contra la tranquilidad pública, y se le impuso el pago de S/2 millones
por reparación civil. La sala, presidida por la jueza Jackeline
Reina Luza dispuso su captura.
–Protestas y juicio–
En
noviembre del 2007, el gobierno de Alan García promulgó el Decreto
Supremo 083-2007-EM, una disposición que exceptuaba a la empresa Bear Creek
de la prohibición (establecida por la Constitución) de que compañías
extranjeras pudieran ejecutar actividades dentro de los 50 kilómetros de
zona de frontera. Con ello, siete derechos mineros ubicados en el
distrito de Huacullani (Chucuito), cerca del límite con Bolivia,
quedaron dispuestos para ser explotados través del proyecto Santa Ana, a
cargo de dicha compañía.
En abril del
2011, el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de
Puno, encabezado por Aduviri, inició movilizaciones para oponerse al
proyecto. Esta se radicalizó. Además de bloquear la vía
Puno-Desaguadero, una turba quemó y saqueó locales públicos como el de
la Prefectura, la Sunat, la sede de la contraloría y la oficina de
Aduanas.
En julio del 2017, después de un largo juicio, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno condenó a siete años de prisión a Aduviri
Calisaya por el delito de disturbios. La sala consideró que sí se había
demostrado que el dirigente tenía dominio de la voluntad sobre los
manifestantes que cometieron los actos vandálicos. Su defensa apeló.
Aduviri
permaneció prófugo. Aun así, postuló en las elecciones regionales y
municipales del 7 de octubre del 2018 con el Movimiento de Integración
por el Desarrollo Regional–Mi Casita. Dos días antes, el 5 de octubre,
la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró nula la sentencia
–por mayoría y con voto discordante– y ordenó un nuevo juicio. Aduviri
ganó las elecciones y dejó la clandestinidad para asumir el cargo de
gobernador.
En febrero de este año, en entrevista con El Comercio, Aduviri dijo que el ‘aimarazo’
“fue un acto reivindicativo”. Comentó también la razón por la que se
mantuvo en la clandestinidad tras la sentencia del 2017. “¿Por qué me
voy a entregar, si yo no he cometido ningún delito y no me lo han
probado?”, preguntó.
El gobernador regional no participó ayer en la lectura de sentencia, tampoco asistió su abogado. Al cierre de esta edición, no se conocía su paradero.
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