La presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó un mensaje por Navidad
a través del cual pidió a toda la población que se dejen de lado las
protestas violentas para poder trabajar juntos en atender lo que aseguró
son los “justos reclamos” de los peruanos.
“¿Cómo
podemos trabajar en mitad de la violencia? No podemos generar el caos,
el desorden, cuando detrás hay intereses políticos. La pobreza, las
necesidades no tienen ideologías, las necesidades, el hambre, no tiene
color político”, aseguró en el mensaje difundido la tarde del 24 de diciembre.
En su pronunciamiento tras dos semanas y media de haber jurado en el cargo tras la aprobación de la vacancia de Pedro Castillo, Boluarte aseguró que no es fácil para ella desear feliz Navidad cuando hay tantas necesidades que atender a nivel nacional.
En
esa línea, reiteró que hay protestas justas y pacíficas que se deben
atender a través del diálogo, pero pidió que estas no sean aprovechadas
por personas que solo buscan la violencia y el desorden.
“Trabajemos
juntos por el país sin violencia, sin generar el caos. Allá los que
quieren generar caos y violencia, que se desenmascaren solitos porque no
son ustedes, hermanas y hermanos que salen en marchas pacíficas a
reclamar con justa razón lo que les debe el Estado”, aseguró.
La
presidenta, tras hacer mención de cómo durante las manifestaciones de
las últimas semanas hubo tomas de aeropuertos y daños a infraestructura
del Ministerio Público y el Poder Judicial, cuestionó que se haya
utilizado una violencia que “no resuelve nada”.
“Pongámonos
a conversar a través de las nuevas autoridades que ustedes han elegido A
los gobernadores, a los alcaldes que este primero de enero juran el
cargo y asumen sus funciones. A través de ellos y a través de los
ministros y también los congresistas que tienen función de
representación en sus regiones”, resaltó.
Dina
Boluarte insistió en su mensaje la necesidad de trabajar en
tranquilidad por la patria con “paz, sosiego y seguridad jurídica” para
atraer inversiones y atender las necesidades hasta que concluya su
mandato.
Fiscal Uriel Terán solicitó prisión preventiva para Pedro Castillo y Aníbal Torres
ATROPELLOS Y
ABUSOS INCREIBLES CONTRA REPRESENTANTES DEL PUEBLO PERUANO
SALVANOS DIOS MIO.............
Historia de Política • Hace 12 h
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El expresidente Pedro Castillo Terrones continuará detenido por el intento de golpe de Estado. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, máxima instancia judicial para este caso, ratificó la detención judicial del exmandatario en flagrancia, del 7 al 14 de diciembre del 2022.
Inmediatamente, el fiscal supremo Uriel Terán presentó al juez un pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Castillo y Aníbal Torres. Esto prolonga su detención, hasta que se realice la audiencia.
Defensa. Ronald Atencio había pedido descartar los cargos. Foto: Deysi Portuguez/URPI-LR
La Sala Suprema, presidida por el juez supremo César San Martín, emitió un pronunciamiento ante la apelación presentada por los abogados de Castillo contra su detención.
Pedro Castillo: 3 preguntas para entender la inédita denuncia constitucional contra el presidente de Perú y las dudas sobre si es legal
Norberto Paredes y Guillermo D. Olmo
BBC News Mundo
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Pedro Castillo, presidente de Perú.
Perú atraviesa una nueva crisis política, después de que la fiscal general del país, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por liderar una supuesta organización criminal, entre otros cargos.
Castillo ha negado "rotundamente" las acusaciones presentadas al Congreso y acusó a la Fiscalía de actuar "políticamente", alegando que no tienen pruebas en su contra.
Asimismo, aseguró que no va a pedir asilo ni abandonar su país y reiteró que está siendo víctima de "persecución política".
El presidente incluso fue más allá y tildó de "nueva modalidad de golpe de Estado" la denuncia, que también va contra los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
Pero la fiscalía la defiende y afirma que está tratando de hacer justicia tras un uso ilícito de las facultades presidenciales.
Al margen de si Castillo es o no culpable de los delitos que se le imputan, diversas voces, entre ellos destacados juristas, han cuestionado la legalidad del proceso que sigue ahora y por el que el Congreso pueda apartar a Castillo del poder.
El politólogo peruano Omar Awapara califica la situación que vive su país como delicada e inédita.
"Es inédito que un presidente en función tenga seis investigaciones abiertas y también es inédito que se haya presentado una denuncia constitucional contra un presidente en funciones", afirma.
"Todo lo que estamos viviendo es relativamente inédito. Especialmente en lo que se refiere a la judicialización de la política y la participación más activa de órganos judiciales en un conflicto de este tipo".
Aquí te resumimos en 3 claves la nueva crisis política que vive el país sudamericano.
1. ¿Qué es una acusación constitucional?
Según la Fiscalía, una denuncia constitucional es un procedimiento que permite determinar si personas con inmunidad (como el presidente y los congresistas) han cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones, como abuso de autoridad o corrupción.
Se trata de la primera vez en Perú que se utiliza la figura contra un presidente en función.
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Los defensores de Castillo aseguran que hay un "plan" para sacarlo del gobierno.
Pero el gobierno peruano asegura que la iniciativa actual va contra la Constitución.
El ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Perú, Félix Chero, denunció que hay un "plan sistemático para sacar al presidente Pedro Castillo del cargo".
Chero citó el artículo 117 de la Constitución peruana para explicar que las investigaciones a las que Castillo ha sido sometido no son causales suficientes para acusar al presidente.
El politólogo peruano Omar Awapara defiende este punto. "La Fiscalía puede investigar, pero no puede acusar al presidente salvo por casos muy puntuales, que no se cumplen ahora", asegura.
El artículo 117 de la Constitución establece que el presidente de Perú solo puede ser acusado durante su periodo por estos causales: traición a la patria, impedir elecciones de cualquier tipo y disolver el Congreso salvo en los casos previstos en el artículo 134.
Según la Carta Magna peruana, el presidente también podría ser acusado por impedir la reunión o funcionamiento del Congreso o del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
Los juristas consultados por BBC Mundo coincidieron en que la Constitución impide acusar a Castillo de delitos que no están contemplados en el artículo 117.
Para Domingo García Belaúnde, miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión Constitucional del Congreso peruano, "lo más probable es que este denuncia se archive hasta que el presidente deje de serlo".
En la misma línea se manifestó Omar Cairo, profesor del Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Política del Perú, para quien "la denuncia es inconstitucional porque la Fiscalía está buscando que se enjuicie al presidente por delitos que no se contemplan en el artículo 117".
Pero la Fiscalía argumenta que la denuncia está amparada por el artículo 99 de la Constitución peruana, que faculta al Congreso para acusar al presidente y otros altos funcionarios de "todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones", y por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La Fiscalía y los detractores de Castillo afirman que la protección constitucional del presidente no puede servir para amparar prácticas de corrupción.
García Belaúnde cree que, aunque no prospere en el Congreso, la denuncia presentada por la fiscal "tiene un impacto político tremendo porque cada vez hay más indicios de una corrupción generalizada".
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Pedro Castillo
2. ¿Por qué se usa ahora?
La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo, que van desde ascensos en las fuerzas armadas hasta obras presuntamente adjudicadas de manera ilícita.
El presidente peruano y sus defensores insisten en que no haypruebas.
Pero la Fiscalía dice haber encontrado "muy graves y reveladores indicios" de la existencia de una red criminal liderada por Castillo en el gobierno y acusa a sus supuestos integrantes de llevar a cabo "una feroz obstrucción a la justicia".
Castillo fue criticado a finales de agosto por reemplazar la cúpula de la PolicíaNacional, después de que efectivos anticorrupción y fiscales allanaran la sede de gobierno en búsqueda de la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, acusada por el Ministerio Público de formar parte de la red de corrupción supuestamente liderada por el propio presidente y su esposa, Lilia Paredes.
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Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes, 23 años mayor que su hermana Yenifer.
"Los intentos del gobierno de que esto no avance y las acciones de obstrucción a la justicia han servido un poco como pretexto para acusar al presidente ahora", explica el politólogo Omar Awapara.
3. ¿Qué sigue ahora?
Tras la presentación de la denuncia constitucional por la Fiscalía, esta deberá ser analizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá abrir una investigación y elaborar un informe.
Si la Subcomisión admite la acusación contra el presidente, se iniciará un proceso en el que será convocado a la cámara legislativa para que presente su defensa. La Fiscalía, como denunciante, así como los peritos y testigos también participarán.
El informe emitido por el Congreso deberá posteriormente ser sometido a votación y para que avance tendría que obtener más de la mitad de los votos de los congresistas.
De resultar aprobado, la fiscal podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.
Awapara duda que la denuncia llegue a ser votada en el Congreso y si llega a ese punto, no cree que la aprueben.
"Es un intento de darle un golpe fuerte y efectivo contra el presidente para lograr convencer a los congresistas que hasta ahora no han votado por la vacancia presidencial a que lo hagan. Pero no creo que haya funcionado", asegura.
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El presidente Pedro Castillo concita tantos apoyos como detractores que están convencidos de su responsabilidad en casos de corrupción.
Sin embargo, el profesor Cairo señala una tercera vía que podría conducir a la caída de Castillo sin implicar necesariamente una acusación penal.
"El artículo 100 de la Constitución permite abrir un juicio político al presidente, no por un delito, sino por una infracción constitucional, como por ejemplo no cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales", como le manda la Carta Magna.
La Fiscalía sostiene que Castillo ha entorpecido las investigaciones, pero para que una iniciativa de este cariz prosperara se requeriría que votaran a favor dos tercios de los congresistas, mientras que la vía iniciada por la denuncia de la Fiscalía solo precisa del voto de la mitad más uno.
En el último año, el Congreso peruano ha iniciado dos procesos de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, quien asumió el cargo hace apenas un año y tres meses.
En ninguno de los dos procesos se ha logrado reunir la mayoría calificada correspondiente a dos tercios del total de 130 congresistas, o 87 votos a favor, para destituir al presidente.
"La Constitución defiende al presidente, pero muchos creen que quizá esto se trate de una jugada política de la oposición para acumular votos para una vacancia", opina Awapara.
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