PJ y Fiscalía asestan duro golpe legal al denominado “Club de la Construcción”

Allanan 45 inmuebles y detienen a Carlos GArcía Alcázar, un exfuncionario del gobierno del expresidente Ollanta Humala

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13 de Enero del 2018 - 07:05 » Textos: Gabriel Mazzei / Aaron Salomón » Fotos: Angela Ponce

Se cerró el club. Un megaoperativo realizado por el fiscal anticorrupciónHamilton Castro Trigoso -quien lidera el Equipo Especial del caso “Lava Jato”- encendió las alarmas durante la mañana de ayer: 45 inmuebles allanados y seis detenciones preliminares, entre ellos, un exfuncionario del gobierno del expresidente Ollanta Humala.

Se trata del denominado “Club de la Construcción”, una presunta organización criminal conformada por 30 empresas- entre nacionales y extranjeras- que, a través de un supuesto pacto colusorio, negociaron el otorgamiento de la buena pro de diversas obras viales públicas, durante los años 2011 a 2014.

Entre las empresas nacionales, se encuentran Graña y Montero, JJ Camet, Cosapi y Málaga Hermanos, mientras que las extranjeras son las ya conocidasOdebrecht, OAS, Camargo y Correa, Queiroz Galvao, entre otras.

Según la Fiscalía, los acuerdos ilícitos comprendían obras que eran ejecutadas por Provías Nacional, entidad perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Para ello, el “Club” contó con tres componentes específicos con roles distribuidos: los representantes de las empresas privadas (uno por cada empresa); el “nexo” de estas compañías ante el MTC, Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña; y Carlos Eugenio García Alcázar, a la sazón asesor II del Despacho Viceministerial de Transportes.

Aprovechando su cargo, García Alcázar se encargó de canalizar el otorgamiento de la buena pro para los asociados del club, previo acuerdo ante sus representantes.

Este pacto implicaba que el exfuncionario del MTC recibiera el pago del 2.92% de la obra que era adjudicada, a través de su representante, Prialé de la Peña, el también llamado “lobista”.

INTERVENCIÓN

Justamente ayer, García Alcázar se convirtió en el único detenido de los seis que había solicitado la Fiscalía por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

La intervención realizada en su departamento de Surco fue autorizada por la jueza anticorrupción María de los Ángeles Camacho, quien declaró fundada la pretensión del representante del Ministerio Público.

Al lugar, llegó el fiscal supraprovincial Marcial Páucar Chappa, integrante del Equipo Especial, junto a efectivos de la Policía, a las 10 de la mañana.

Del exfuncionario, también se incautaron otras dos viviendas.

Los otros con orden de detención son: Rodolfo Prialé de la Peña, Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso (Obrainsa), Félix Erdulfo Málaga Torres(Constructora Málaga Hermanos), Luis Humberto Prevoo Neira y Guillermo Reynoso Medina, estos dos últimos socios de Prialé.

En su resolución, la juez María de los Ángeles Alvarez Camacho aceptó los fundamentos de la Fiscalía para ordenar la detención de Carlos García Alcázar.

COLABORADOR

En la solicitud de la Fiscalía, hubo un elemento que desentrañó el club que negoció a costa del Estado: el testimonio del colaborador eficaz N° 06-2017, un funcionario de la empresa Odebrecht.

Dicho colaborador señaló que tomó conocimiento de la existencia de dicho grupo en el segundo semestre del 2012, cuando la empresa estaba buscando oportunidades de proyectos en el sur del país, “teniendo contactos con diversos representantes de empresas peruanas y extranjeras”.

Entre las empresas estaban Cosapi, representada por “Marco Aranda”, Málaga, por “Félix Málaga”, y Graña y Montero, representado por “Nicolai Castillo”, entre otros.

“En algunas de esas reuniones con los representantes de empresas peruanas y extranjeras, el colaborador 06-2017 (funcionario de la empresa Odebrecht) manifestó el interés de la empresa por algunos proyectos de Provías Nacional en el sur del país que estaba por salir o por licitar o que estaban desarrollados, el comentario de que algunos representantes de las empresas peruanas y extranjeras fue que las licitaciones de Provías Nacional estaban vinculadas a la coordinación de un grupo de empresas peruanas y extranjeras denominado el ‘Club’”, se lee en el requerimiento fiscal.

Además, el colaborador señaló, con lujo de detalles, los lugares de reunión para el pacto colusorio: el lobbie bar del Swissotel, un restaurante en San Isidro y las oficinas de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

De hecho, recordó que, en una oportunidad, se reunió en Capeco con representantes de la mayoría de las empresas, con las que acordaron que se iban a formar grupos de 4 a 6 empresas. Cada uno de ellos nombraba un coordinador y a través de este se establecían las reuniones para el pago ilícito de las obras en los procesos de licitaciones de Provías.

Asimismo, el colaborador identificó a los coordinadores de las firmas nacionales y brasileñas como Andrade Gutierrez (Ricardo de la Flor); Johesa (José Heighs); Mota Engil (Norma Zipelli) y Rafael Granados (ICGSA).

La Fiscalía aclaró que la versión del colaborador está debidamente corroborada con otros elementos de convicción, que han sido valorados por la jueza.

DESCARGOS

A través de notas de prensa, las empresas Graña y Montero y Málaga negaron haber cometido ningún pacto ilícito para adjudicarse de obras públicas, así como haber formado parte de una organización criminal.

Ambas firmas señalaron que recibieron la visita de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa, “quienes solicitaron información sobre el supuesto Club de las Constructoras”.

Mientras tanto, la Fiscalía viene corroborando el material hallado en los inmuebles que incautaron durante el día de ayer.

Según el fiscal Marcial Páucar, el operativo -hasta la audiencia del control de identidad del investigado Carlos García- estaba a un 80%. Este último quedó con prisión preliminar por diez días.