Autor: Frank Krklec T.* (@blogcyh)
El Perú es un país en donde definitivamente todo puede suceder. No solo estamos liberando actualmente a peligrosos terroristas debido a beneficios penitenciarios otorgados durante el gobierno de Toledo, sino que también tendremos que indemnizar a muchos de ellos en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que actualmente vienen perjudicando al país.
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| Fuente: Diario El Comercio |
Según el ex ministro de justicia y ex primer ministro, Juan Jimenez, a enero del 2012existen 360 denuncias ante la CIDH contra Perú de las cuales 68 fueron admitidas, de esta manera Perú es el país de América con más denuncias ante esta instancia internacional. De todos estos casos, los de derechos humanos son los mas perjudiciales porque se convierten en litigios permanentes (nunca se archivan). Hasta febrero del 2012, de los 26 fallos de la CIDH, en todos perdió el Estado Peruano.
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| Fuente: Diario El Comercio |
De acuerdo al ex agente del Estado ante organismos supranacionales, Luis Alberto Salgado, hasta el 2007 Perú había pagado más de 17 millones de dólares solo en indemnizaciones por sentencias a la CIDH. Se debe tomar en cuenta que estos casos se perdieron tanto debido a la pésima defensa del Estado Peruano durante los gobiernos de Toledo y Paniagua, así como por cierta intencionalidad política durante el gobierno toledista (personificada en su ex ministro de justicia y luego juez de la CIDH Diego García Sayán) de allanarse ante la mayoría de sentencias de la CIDH, para criminalizar después al ex Presidente a Alberto Fujimori Fujimori, al respecto pueden leer este interesante artículo del Dr. Tapia Tapia sobre el tema.
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| Fuente: Diario Perú21 |
Según el analista y ex miembro del GEIN Benedicto Jimenez, el mismo líder de Sendero Luminoso en su libro "De Puño y Letra" reconoce este hecho : "Guzmán en su libro reconoce que todas las concesiones que consiguió fueron habilitadas por los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo y respecto al ex presidente Alberto Fujimori admite que este le brindó las facilidades para sellar la rendición total de sus huestes, y que no pudo celebrar acuerdo con él para encontrar lo que ellos llaman “solución política”, lo cual sí le fue concedido por los gobiernos subsiguientes."
En esta investigación, a continuación vamos a mostrar los escandalosos casos de indemnizaciónes a terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, los cuales demandan al Estado ante la CIDH por supuesta violación de DDHH de parte de las fuerzas del orden.
CASOS CON SENTENCIA: INDEMNIZACIONES A TERRORISTAS POR SENTENCIAS DE LA CORTE IDH
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| Fuente: Diario Correo |
Hasta diciembre del 2012, terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA habían presentado 127 denuncias contra el Estado Peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De estas, las siguientes son las que han tenido sentencias en las que se ordenaba indemnizar y pagar miles de dólares a los subversivos.
1) Caso Lori Berenson (MRTA)
La CIDH ordenó en un fallo del 27 de noviembre del 2004 que se le pague treinta mil dólares (U$30,000) a la emerretista Lori Berenson. Asimismo, la sentencia incluye la condonación del pago de cien mil soles de reparación civil (S/100,000) que Berenson debía al Estado Peruano.
La terrorista Berenson fue sentenciada por intentar asaltar el Congreso de la República con otros miembros del MRTA. El pago a la terrorista fue efectivo el 15 de marzo del 2006 durante el gobierno de Toledo. Lori Berenson actualmente se encuentra liberada y vivió en el distrito de Miraflores en Lima, el día 2 de diciembre del 2015 fue expulsada de Perú y viajó a su país natal, Estados Unidos.
2) Caso María de la Cruz Flores (Sendero Luminoso)
El Perú tuvo que pagar US $319,000 a la terrorista María De la Cruz Flores, quien a pesar de estar sentenciada a 20 años de prisión continúa prófuga de la justicia. Según la demanda a la CIDH supuestamente se violaron sus derechos humanos durante su detención y procesamiento. La sentencia de la corte fue el día 18 de noviembre del 2004, en la cual, aparte de la indemnización se incluía la obligación del Estado de reincorporar a la terrorista en sus labores de médica, así como de brindarle una beca para su capacitación y actualización. El día 23 de noviembre del 2007, la CIDH declaró que el Perú había cumplido con el pago a la terrorista.
De La Cruz Flores fue acusada de ser miembro de Sendero Luminoso y de haberles brindado asistencia médica a terroristas. El 23 de noviembre del 2009 fue condenada a 20 años de cárcel, sin embargo fugó de Perú y actualmente se encontraría en Alemania.
3) Caso Maria Loayza Tamayo
María Loayza Tamayo es una profesora acusada de ser miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso. La CIDH ordenó en su sentencia indemnizarla con US$ 50 mil y dejar sin efecto su condena de 20 años de prisión. Según la Corte el fuero militar la había absuelto y sin embargo volvió a ser juzgada nuevamente por el fuero común.
Al respecto según el juez de la CIDH, Montiel Arguello, su absolución fue una fórmula oscura de parte de los demás jueces de la CIDH: "Respecto de la orden de libertad de María Elena Loayza Tamayo, la Corte ha usado una fórmula bastante oscura que equivale a un decreto de absolución de la procesada y como fundamento se aducen las violaciones de los derechos consagrados en la Convención, especialmente de la prohibición del doble enjuiciamiento. Cualquiera que sean los vicios de un proceso, ellos pueden conducir a su anulación por un superior competente, pero no a la absolución del reo. En cuanto al doble enjuiciamiento, podría entrar a otras consideraciones, mas lo estimo innecesario en vista de que, en mi opinión, no ha existido tal violación"
4) Caso Mónica Feria (Sendero Luminoso)
Mónica Feria, estudiante de derecho de la PUCP, fue capturada el 13 de abril de 1992 cuando la Policía Antiterrorista intervino locales donde se editaba y distribuia "El Diario" -publicación senderista-. Se le encontró abundante material subversivo y dos pistolas. En junio de 1993 la justicia militar la expulsó debido a que se amparó en la ley de arrepentimiento. Feria se fue al extranjero y desde 1997 se encargó de defender a los deudos de los 41 terroristas asesinados en el penal Castro Castro ante la CIDH. Más de 15 años después, acusó al Estado ante la CIDH que durante la operación militar en Castro Castro fue torturada y violada sexualmente por agentes del Estado, exigiendo una reparación civil. Hasta ahora la Corte IDH no se pronuncia al respecto.
La captura internacional de Feria fue solicitada en extradición por el Estado Peruana en el 2007, sin embargo fue premiada hacepoco como “defensora” de derechos humanos por la FundaciónGruber, recibiendo un monto de U$500,000 dólares en un premio compartido en Estados Unidos. Actualmente reside en Alemania.
El 13 de enero del 2007 la CIDH, debido al caso Castro Castro, la CIDH también ordenó pagarle "cuatro mil dólares por ser una de las internas que se vio involucrada en el develamiento del penal, del cual resultó ilesa. A ese pago, se agrega la suma de 75 mil dólares por “costas y gastos” del proceso, es decir, por haberse dedicado a tiempo completo y durante varios años a sustentar la demanda de los deudos de Castro Castro ante la Comisión y la Corte interamericanas. Es decir, el Estado debe pagarle por haber defendido, asesorado y apoyado febrilmente a sus compañeros de Sendero Luminoso. Paralelamente, el tribunal supranacional ha ordenado también el pago de mil 500 dólares a favor de su madre, Edith Tinta, y de su hermana, Rubeth Feria Tinta, por los maltratos sufridos cuando estaban fuera del penal Miguel Castro Castro entre el 6 y 9 de mayo." (Fuente: Panamericana.pe)
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| Fuente de imagen: América TV |
El día 24 de diciembre del 2013, de acuerdo a Diario Correo, hubo otro fallo de la CIDH, en la que ordenaba que:
"Perú deberá pagarle como resarcimiento la suma aproximada de S/.250 mil ($90,683.52) tras establecer que el Estado violó los derechos de la supuesta integrante de Sendero Luminoso al haber sido vejada física y sexualmente durante su detención.
Según el detalle, la Corte IDH fijó, por concepto de daño “material e inmaterial”, la cantidad de $40 mil, al concluir que Feria Tinta fue víctima de violaciones en la “esfera física, moral y sicológica”. A esto se sumarían otros $40 mil por concepto de “costos y gastos”, es decir, el reintegro de los gastos en que incurrió por honorarios a sus abogados desde 1997.
Un tercer concepto, según el Tribunal de San José, es el “reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas”, por el cual el Estado deberá desembolsar $3,683.52 adicionales, por servicios prestados a Feria Tinta.
....Por si fuera poco, el Estado peruano deberá otorgarle, por única vez, la suma de $7 mil “por concepto de gastos por tratamiento sicológico o siquiátrico, así como por medicamentos y otros gastos conexos, para que pueda recibir dicha atención en el lugar donde reside”, ya que ella no vive en el Perú."
5) Caso Gladys Carol Espinoza Gonzales (MRTA)
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| Fuente de imagen: Diario Perú21 |
La emerretista Espinoza fue condenada a 25 años de prisión el 2004 luego de anulada su primera sentencia de cadena perpetua en 1993. Fue capturada en 1993 por agentes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) junto al emerretista Edwind Salgado Castilla. En su poder, de acuerdo a la sentencia judicial, se hallaron 16 cartas extorsionadoras a nombre del MRTA; 12 hojas membretadas con el logo del grupo subversivo; una granada de guerra y un distorsionador de voz.
En marzo del 2015 la Corte-IDH ordenó al Estado Peruano a pagar, como reparación económica, US$105,000 a la sentenciada por terrorismo Gladys Carol Espinoza Gonzales, quien denunció ante la organización supranacional que fue víctima de violación sexual y tortura en una instalación de la Policía Nacional cuando fue detenida en la década de 1990. (Fuente: Diario Perú21)
6) Caso Castillo Petruzzi (MRTA)
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| Fuente: Diario EMOL (Chile) |
El emerretista Jaime Castillo Petruzzi junto con los terroristas chilenos María Concepción Pincheira, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga demandaron al Estado Peruano ante la CIDH y ganaron el caso. La CIDH en sentencia ha indicado que Perú deberá pagarles 10,000 dólares por supuesta violación de derechos humanos. Actualmente ellos deben en reparación civil al Estado 250 mil nuevos soles. Según el ex primer ministro, Juan Jimenez Mayor, el Estado les cobrará primero la reparación civil y después les pagará la indemnización.
7) Caso Cruz Sanchez , Meléndez Cueva y Perceros Pedraza ( MRTA) contra los Comandos Chavin de Huantar
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| Fuente: Diario El Comercio |
El 23 de diciembre del 2011 la CIDH demandó ante la Corte IDH al Estado Peruano por no juzgar en el Fuero Civil ( a pesar que el Fuero Militar ya los había declarado inocentes) a los Comandos Chavin de Huantar por la presunta ejecución extrajudicial de los emerretistas Eduardo Nicolás Cruz Sanchez "Tito", Herma Luz Meléndez Cueva y Victor Salomón Peceros Pedraza durante la operación militar Chavin de Huantar para rescatar a los 72 secuestrados de la embajada de japón en 1997. La denuncia se basa en los testimonios del ex primer secretario de la Embajada, Hidetaka Oguta, así como de los suboficiales PNP Raúl Robles Reynoso y Marcial Teodorico Torres Arteaga.
La ONG que llevó el caso "asesorando" a los familiares es la ONG de DD.HH. APRODEH , incluso la Abogada Gloria Cano se pronunció sobre pedido de la CIDH para que se abra proceso al Estado Peruano por no cumplir recomendaciones en caso Chavín de Huantar.
El 29 de junio del 2015, en su fallo sobre este caso "la Corte IDH no ordena al Perú a pagar una reparación económica a los deudos de los terroristas del MRTA implicados en el Caso Chavín de Huántar; no obstante, el fallo indica que sí hay quienes recibirán un pago.
El Perú deberá reembolsar los gastos que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) tuvo (US$10 mil), así como los del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (US$20 mil), por las labores realizadas en el litigio del Caso a nivel nacional e internacional." (Fuente: Diario El Comercio)
8) Caso Penal Castro Castro
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| Fuente de imagen: CVR |
La CIDH en su sentencia de diciembre del 2006 ordenó pagar más de US$ 12 millones de dólares (según Palacios Dongo en total serían mas de US$ 17 millones) por concepto de indemnización a los terroristas , que liderados por Deodato Juárez Cruzat, se amotinaron en el Penal Castro Castro en mayo de 1992. Como consecuencia de la intervención de las fuerzas del orden 42 subversivos murieron, 175 fueron heridos y otros 322 denuncian que sufrieron tratos crueles e inhumanos. Actualmente hay 539 beneficiarios.
Aparte de la indemnización, el fallo incluye un acto público de desagravio a las víctimas y de reconocimiento de responsabilidad internacional de parte del Estado. Según la misma sentencia de la CIDH en su punto 57 al respecto: "La Corte acepta que el Estado establezca un parque o erija un monumento que satisfaga el sentido y fin de la medida de reparación ordenada por el Tribunal en su Sentencia." Asimismo exige que los nombres de los terroristas sean inscritos en este memorial ordenado por la corte denominado "El Ojo que Llora". El gobierno de Alejandro Toledo se allanó a la sentencia.
Entre los beneficiarios se encuentra Osmán Mórote, quien saldría libre el 2013 y recibiría una indemnización de por lo menos 50,000 dólares americanos. También está incluida Madelein Valle Rivera, quien recibiría US$20 mil dólares por ser una de los sobrevivientes de la matanza en el penal Castro Castro en 1992. También recibirá otra indemnización por ser hija del senderista Tito Valle Travesaño, quien murió durante la operación militar. Actualmente es abogada y líder de la agrupación pro senderista"Asociación de familiares presos políticos, desaparecidos yvíctimas degenocidio".
9) Caso Neira Alegría (El Frontón)
La CIDH en su fallo del 19 de enero de 1995 indica que Perú debe indemnizar a los terroristas Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar víctimas de la masacre del Fronton por un monto de US $ 154,040.74 dólares .
Conclusiones Finales:
Los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA asesorados por algunas ONG de DD.HH. parcializadas, han emprendido una estrategia jurídica contra el Estado Peruano, la cual consiste en denuncias masivas ante la CIDH por supuesta violación de sus DD.HH. por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales. Asimismo, denuncian a la Justicia Peruana por supuestamente no aplicar en ellos "el debido proceso" legal.
Actualmente su estrategia les ha traido muy buenos resultados -y dividendos-, y el gobierno de Toledo, ya sea por ineptitud o por interés político se allanó a la mayoría de sentencias de la CIDH que favorecían a los terroristas. Lo irónico es que, mientras los terroristas utilizan a la CIDH para que el Perú les pague indemnizaciones, estos aún no pagan las reparaciones civiles al Estado por sus crímenes contra la población civil, autoridades políticas, policía nacional y fuerzas armadas.
Según el ex ministro de justicia García Toma, en el 2010 el Estado peruano es acreedor de 3,173 millones de soles, y solo ha recuperado 280 mil dólares, cifra obtenida en un 80% por acciones de embargo y el 20% restante en dinero en efectivo. Actualmente la situación está cambiando en algo gracias a los embargos de propiedades a terroristas efectuados por la Procuradoría Antiterrorista dirigida porJulio Galindo. Esperemos que estos criminales lleguen a pagar hasta el último centavo al Estado.
Últimamente el gobierno de Ollanta Humala informó que no se les pagaría ni un nuevo sol a los terroristas, hasta que primero paguen sus deudas. Desde aquí, saludamos esa iniciativa.
Finalmente, el Estado debería mejorar su defensa ante la CIDH frente a varios procesos judiciales iniciados, los cuales venimos perdiendo vergonzosamente en los últimos años. De igual manera, el Congreso debería buscar formulas legales para evitar el pago de indemnizaciones a los delincuentes terroristas, un ejemplo tangible es el de España, en donde no se considera a los terroristas como beneficiarios de indemnizaciones.
Es inadmisible que gracias a un grupúsculo de malos políticos, periodistas y funcionarios de ONG , así como muchos otros que han desempeñado a cabalidad su papel de tontos útiles, los asesinos terroristas reciban hoy por hoy el tratamiento de pobres víctimas inocentes, mientras que el Estado es visto como el malo de la película. No solo eso, sino que también está obligado a “condecorar” con millonarias sumas de dinero a estos “pobres angelitos” -culpables a todas luces de destruir infraestructura y asesinar a personas inocentes-, mientras estos no pagan sus culpas en prisión y peor aún sus deudas a sus víctimas. En definitiva, el mundo al revés.
Si seguimos a este paso, no nos sorprendamos si jóvenes deciden ser delincuentes terroristas en vez de estudiar, trabajar y superarse. Al parecer es más rentable ser un delincuente miserable que una persona de bien, gracias a esos señoritos “idealistas” mal llamados caviares. El reo “Presidente Gonzalo” y las bandas terroristas “Sendero Luminoso” y el MRTA les deben estar muy agradecidos.
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