PPK: ¿Son proporcionales las medidas contra el ex presidente?
A pedido de la
fiscalía, el Poder Judicial ordenó hoy un pedido de impedimento de
salida del país contra PPK por 18 meses, también el allanamiento de tres
inmuebles a su nombre
PPK
renunció a la presidencia y, al día siguiente, le ordenaron el
impedimento para salir del país por las investigaciones del Caso
Odebrecht. (Foto: Difusión)
Un día después de que el Congreso aceptó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
a la presidencia, el Poder Judicial dictó dos medidas en su contra: un
impedimento de salida del país de 18 meses y el allanamiento a tres
inmuebles a su nombre ubicados en San Isidro y Cieneguilla.
Y PPK
tuvo dos reacciones. Una a través de su abogado, César Nakazaki, quien
dijo que se allanaban a cualquier decisión para contribuir con las
autoridades. La otra fue más política y confrontacional a través de sus
redes sociales.
"Daré todas
las facilidades del caso [...] Dejemos atrás el show mediático y no
sigamos dañando la imagen del país. Que la persecución y la venganza
política no se instalen en nuestro país", escribió vía Twitter.
Consultado por El Comercio,
el abogado penalista Yván Montoya consideró que, más allá de las
críticas del ex presidente, ambas decisiones odernadas por el Poder
Judicial son proporcionales, tomando en cuenta que PPK es investigado por un delito común, que es lavado de activos.
"Al día siguiente de su renuncia, el ex presidente ya no goza de ninguna protección. A PPK
no se le está imputando algo que no sea lavado de activos. Si hubiera
sido por actos dentro de su función, quizá sí hubiera tenido algún tipo
de protección, pero ante un delito común no hay ninguna consideración",
manifestó.
Montoya
señaló también que el impedimento de salida del país es la medida
cautelar menos invasiva del sistema y la que menos derechos afecta.
"El estándar
es que esta restricción es la más simple de todas y lo único que busca
es que el ex presidente no salga del país, por lo que es proporcional al
estado de la investigación, a la presunta vinculación de PPK con los delitos investigados y a los indicios que tiene Hamilton Castro", señaló.
"Con relación
al allanamiento, solo cabría conocer los motivos de la urgencia, las
razones por las cuales el fiscal consideró necesario llevarlas a cabo el
mismo día que se decidía el impedimento de salir del país. Pero aún
así, se justifica porque los allanamientos por delitos graves deben ser
sorpresivos e inesperados", indicó.
–Entre la política y la justicia–
Una opinión contraria tuvo Enrique Ghersi, quien calificó como desproporcionadas ambas medidas restrictivas contra PPK.
Específicamente
sobre el impedimento de salir del país, cuestionó que el fiscal Castro
haya incluido en su sustentación los ingresos del ex presidente PPK como elemento para un posible peligro de fuga.
"Se supone
que todos somos iguales ante la ley. Es irrelevante que una persona sea
rica o no, o que tenga más o menos relaciones sociales. Para la ley eso
es irrelevante, lo que importa es la comisión del delito. Esos
argumentos son más políticos, y eso hay que dejarlo de lado", comentó.
Con relación
al allanamiento, consideró que prematuro el accionar de la fiscalía.
"Hay otras personas a las que también se investiga y contra quienes no
se ha dictado un allanamiento como este", resaltó.
Por eso,
sugirió "natural moderación" a jueces y fiscales. "Que se investigue si
hay que investigar, pero dejar que la gente piense que la justicia es
una herramienta de venganzas políticas solo deslegitima sus decisiones.
Que sea severa, pero no por eso que deje de actuar con equilibrio y
moderación", comentó.
–Un camino cuestionable –
El abogado penalista y ex procurador anticorrupción César Azabache consideró adecuado que la fiscalía busque que PPK
permanezca en el Perú y solicite el impedimento de salir del país, pero
cuestionó que use el presunto delito de lavado de activos, algo que no
considera que exista en las indagaciones por los pagos a Westfield y
First Capital.
"Estos
pagos, como un caso en sí mismo y en mi opinión, son eventos prescritos,
por más desagradable que sea. Desde mi punto de vista, las
investigaciones adquieren sentido en el marco del Caso Odebrecht y con
el proceso por la Interoceánica Sur. Habría tenido más sentido que la
fiscalía reaccione a la renuncia de PPK incluyéndolo en el caso de las
IIRCSA", comentó.
Agregó que
el delito de lavado de activos como tal, un intento de percibir y
ocultar dinero clandestino, no tiene elementos. Eso, expresó, puede
poner en peligro el caso que busca estructurar la fiscalía.
"La cuestión
de Westfield no es lavado de activos. Puede ser negociación
incompatible, ventaja de privados, pero no hay circulación de fondos
clandestinos", señaló César Azabache al recordar que, a diferencia del
proceso contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, no hay elementos que
vinculen los pagos a las empresas vinculadas a PPK con los fondos
ilícitos de Odebrecht.
"PPK merece ser investigado y con todo el rigor, pero no con este tipo de procedimientos", concluyó el penalista.
